La Procuraduría General de la República coordina acciones con la Policía Nacional para garantizar la ejecución oportuna de las órdenes de arresto contra los hombres investigados por ejercer violencia física o psicológica contra sus parejas o exparejas.
Con ese objetivo, que busca enfrentar la violencia machista, la magistrada Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección contra la Violencia de Género del Ministerio Público, sostuvo una reunión con la generala Teresa Martínez, subdirectora general de la Policía Nacional, y la coronela Yanet Jiménez, responsable de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de ese organismo.
Entre enero y septiembre de este 2020 un total de 34,401 mujeres denunciaron violencia de género. También 2,546, un 6.9% de los 36,947 casos, acudieron al Ministerio Público por esa causa, según registros de la Procuraduría General.
Villa Camacho, Martínez y Jiménez acordaron un seguimiento más estricto por parte de la Policía a las medidas de protección a la mujer que buscan brindar una respuesta oportuna a los casos de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
Entre las medidas contempladas figuran que los fiscales remitan con premura las órdenes de protección a las mujeres hasta los destacamentos ubicados dentro de las demarcaciones donde residen las denunciantes. Además, que ese proceso sea monitoreado por la Dirección Especializada de la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía.
También, agilizar la ejecución de las órdenes de arresto contra hombres agresores. Ambas instituciones acordaron poner mayor empeño en el cumplimiento de las medidas establecidas en los Lineamientos para la Atención, Investigación y Persecución Eficaz.
Los lineamientos obligan a que los miembros del Ministerio Público que conocen un caso de violencia de género informen por escrito al destacamento policial más cercano al domicilio de la víctima.
La medida busca que los agentes policiales del entorno de la víctima asistan a cualquier llamado de auxilio de la mujer denunciante. La Policía también contribuirá con un mayor patrullaje en la zona y con la ejecución oportuna de las órdenes de conducencia y arrestos conforme a los casos.
Por otro lado, los integrantes del Ministerio Público que conocen los casos de violencia deberán orientar debidamente a las víctimas a los fines de que si cambian de domicilio tienen que notificarlo de manera inmediata a la fiscal a cargo de su caso, quien, a su vez, informará a la Policía Nacional.
